EDITORIAL

“Nuestro optimismo está basado en hechos concretos”, con estas palabras la presidenta Michelle Bachelet comenzó su discurso en su segunda Cuenta Pública a La Nación el 21 de mayo pasado. No sólo el Transantiago es su preocupación, sino también la salud, la educación y el empleo, entre otros grandes temas que afectan la calidad de vida de millones de chilenos.
La eficiencia pública se puede ejemplificar con las políticas que un determinado gobierno imprime en su agenda. Los recursos son destinados a proveer servicios de salud, educación y programas públicos que contemplan la erradicación de la pobreza y otras mejoras sociales.
Al incurrir en mayores niveles de gasto social, el resultado esperado se traduce particularmente en adecuados niveles de eficiencia y calidad, “garantizando la cobertura universal de los servicios sociales básicos”. Esto equivale a un menor nivel de pobreza y un mayor nivel de desarrollo humano.
La mayor eficiencia del gasto público deberá generar mejores condiciones de calidad de vida de la población y también de la preparación para el trabajo de la población laboral actual y futura. El gobierno de la presidenta Bachelet no es populista, y por ello su política no es el aumento desconsiderado del gasto fiscal, pero sí que éste responda a la eficiencia.